Alegre Falomir

Según el Informe sobre muertes violentas en el ámbito de la violencia doméstica y de género, elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, durante el año 2007, se produjeron 118 muertes por violencia doméstica y de género, lo que supuso un incremento de un 22,9 por ciento con relación al año 2006 (91 muertes). En esta cifra se incluyen todas las víctimas, tanto las de violencia doméstica –hijos, hijas, madres, padres, abuelos, abuelas …- como las específicas de violencia de género, es decir, en el ámbito de la relación de pareja o ex pareja, mujeres con vínculo matrimonial o análoga relación de afectividad, presente o pasado.

De las 118 personas fallecidas, 99 fueron mujeres (el 83,9 por ciento); 74 de ellas perdieron la vida en el ámbito de la pareja o ex pareja (violencia de género). En el 81 por ciento de esos casos (60), las mujeres asesinadas mantenían una situación de convivencia. En el 83,6% de los casos de violencia doméstica, el imputado es varón. En un 12,8%, es mujer la imputada. En el resto de casos, un 3,6%, la imputación se dirige contra un hombre y una mujer.

En el 11,8 por ciento del total de casos de violencia doméstica, el agresor se suicidó después de cometer el crimen. Este porcentaje se reduce a un 9,6% en el ámbito de la violencia de género antes referido.

Los órganos judiciales conocieron denuncias previas al posterior asesinato en un 29,9% del total de casos, en su mayoría de violencia de género. En el resto de casos, el 70,9% de los homicidios o asesinatos acaecidos en 2007, no existía constancia de la situación de malos tratos previa.

El citado índice porcentual del 70,9 por ciento se ha reducido en casi 2 puntos en relación al año 2006, que fue del 72,7 por ciento, por lo que se puede apreciar un incremento en el número de casos en los que la víctima pone en conocimiento de los órganos judiciales previamente a su muerte la situación de violencia.

En cuanto a las fuentes de denuncias previas –referidas al 29,1 por ciento de los casos en que existían antecedentes por violencia doméstica o de género y que desembocaron en muerte después-, el 68,6 por ciento de los procedimientos se iniciaron por denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el 25,5 por ciento por atestado de oficio y el 2 por ciento por denuncia ante el órgano judicial.

En los casos de existencia de procedimientos anteriores, se adoptaron medidas cautelares e incoaron los procedimientos el mismo día que conocieron los casos de violencia doméstica o de género, o al día siguiente.

De los 32 casos de muerte que fueron precedidos de denuncia previa, 27 de ellos iban referidos a violencia de género. Las medidas cautelares de protección a las víctimas se solicitaron sólo en procedimientos por violencia de género. En éstos, se adoptaron en el 52,2 por ciento de los procedimientos, casi 10 puntos por encima de las acordadas en el año anterior. El porcentaje de las acordadas corresponde a la totalidad de solicitudes, salvo en un caso en que, con base en los informes existentes, no se apreció situación objetiva de riesgo. La denegación se produjo un año antes de la muerte violenta. En una tercera parte de casos, la medida cautelar estaba vigente en el momento de producirse el asesinato. A estos datos, hay que sumar el número de penas de alejamiento impuestas por sentencia firme, dictada en parte de los procedimientos.
En un 52,2 por cierto de los procedimientos, las víctimas estuvieron asistidas por letrado/a, lo que representa un incremento de 5 puntos con respecto a 2006.

El porcentaje de casos en que agresor/a y víctima mortal son extranjeros/as supone en el año 2007 el 30 por ciento del total, lo que significa un incremento de 12 puntos con relación al 2006. En el 58,2 por ciento tanto agresor como víctima son de nacionalidad española.

En el ámbito específico de violencia de género el porcentaje respectivo es del 31,5 por ciento de muertes en que agresor y víctima son extranjeros y el 55,4 por ciento en los casos en que ambos son españoles.

Por último, la ciudad donde se produjeron más muertes violentas fue Madrid, con 17 víctimas, seguida de Barcelona, con 8, y Valencia, Toledo y Alicante, con 7.

Montserrat Comas d’Argemir, Vocal del CGPJ y Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha señalado que “el estudio demuestra que seguimos estando ante un fenómeno criminal de especial complejidad, que exige se le conceda absoluta prioridad política y que requiere mantener y reforzar todos los esfuerzos desarrollados para combatir esta lacra social”. Ha añadido que “Es preocupante, a pesar de las medidas puestas en marcha, el elevado porcentaje de mujeres que no han denunciado previamente la situación de violencia, ni tampoco su entorno familiar, vecinal o social, lo que refleja una realidad que corresponde abordar a otras Administraciones, distintas de la Administración de Justicia”. Además, ha señalado que “Se constata el incremento de medidas cautelares y penas de alejamiento adoptadas por los Juzgados y Tribunales. Sin embargo, y en relación a las víctimas que sí habían denunciado y tenían acordada en su favor una medida cautelar de alejamiento o una pena de la misma naturaleza, nos debe llevar a seguir reflexionando sobre cómo mejorar los sistemas de seguridad para estas víctimas”.

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